De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 20.129, la acreditación institucional es un proceso obligatorio, desarrollado ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el cual consiste en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterios y estándares de calidad, en cinco áreas de acreditación, dos obligatorias: Gestión Institucional y Docencia de Pregrado; y tres de carácter electivas: Investigación, Vinculación con el Medio y Docencia de Postgrado. La acreditación tiene un enfoque en los recursos, procesos, resultados y el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación sistemática y resultados, de acuerdo a la misión y propósitos de la Institución evaluada.
Este proceso tiene por principal orientación la evaluación de los mecanismos de autorregulación de la calidad de las instituciones y sus resultados. Se trata de una orientación particular, puesto que enfatiza que la calidad es esencialmente responsabilidad de las propias instituciones y no de un organismo externo a ellas, sin perjuicio de que la garantía pública de calidad sea provista externamente mediante procesos sistemáticos de evaluación.
En el desarrollo del proceso de acreditación, la Comisión Nacional de Acreditación, tiene especial consideración la autonomía de cada institución. En todo caso, las instituciones de educación superior deberán reconocer y respetar siempre los principios de pluralismo, tolerancia, libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y participación de sus miembros en la vida institucional, dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República y las leyes.
Transcurridos ya 15 años desde la creación de la Comisión Nacional de Acreditación, los procesos de acreditación parten desde el principio que nuestra Universidad dispone de políticas y mecanismos eficaces de autorregulación, esto quiere decir, que posee propósitos explícitos a los cuales aspiramos a lograr; que nuestras funciones están organizadas y nos permiten avanzar de manera eficaz y eficiente hacia el logro de los propósitos y fines declarados; y que verificamos periódicamente su grado de avance, siendo al mismo tiempo capaces de realizar ajustes a partir de los resultados obtenidos. En efecto, el principal objetivo de la acreditación es la evaluación, promoción y garantía pública de los procesos de autorregulación y mejora continua institucional.
¿Evaluación de procesos o de resultados?
Una discusión que surge frecuentemente con relación a la acreditación institucional es el del peso relativo asignado a la evaluación de procesos y la evaluación de resultados. El foco principal de la evaluación está puesto en procesos, por cuanto, interesa conocer y analizar los mecanismos mediante los cuales la institución se organiza para avanzar en forma sostenida hacia el logro de sus propósitos y objetivos. Sin embargo, no tiene sentido limitar la evaluación a los procesos, sin preocuparse de los resultados obtenidos, razón por la cual, no es suficiente la mera aplicación de dichos mecanismos, sino que se requiere su aplicación a objeto de medir su eficacia de acuerdo a los propósitos declarados.
En lo que se refiere a procesos, la evaluación se centra en la identificación de los mecanismos, su existencia formal, su relación con los propósitos y fines declarados, la capacidad de la institución para aplicar dichos mecanismos de manera consistente y sistemática en todos sus niveles, la forma en que su aplicación contribuye a revisar los propósitos y planes de mejoramiento, así como el grado en que contribuyen al aprendizaje institucional. No obstante, el análisis de dichos mecanismos no estaría completo sin una evaluación de los resultados obtenidos a través de su aplicación, razón por la cual, resulta imprescindible contar con indicadores que permitan medir la posición actual de la institución y su evolución en el tiempo.
Consideraciones para la acreditación a partir de la promulgación de la nueva Ley de Educación Superior 21091
Tras la Promulgación de la Ley 21.091 se han establecido cambios en el proceso de acreditación institucional, los que entran en régimen a partir del año 2023. Entre los cambios más relevantes destaca el establecimiento de nuevas dimensiones, criterios y estándares de acreditación, la obligatoriedad del proceso y evaluación integral: todas las sedes, funciones y niveles formativas, así como aquellas carreras y programas de estudio de pregrado y postgrado que hayan sido seleccionadas para dicho efecto.